Entre el 10 y el 13 de noviembre de 1908 se realizó el Primer Congreso de Bibliotecas Argentinas donde ciento veintitrés de ellas discutieron sobre los temas más variados. Por ejemplo, Tripaldi (1998) menciona que realizaron recomendaciones respecto a cuestiones edilicias, organizativas, de extensión cultural, legislación específica, fomento de la lectura y autores argentinos, realización de un anuario y relación con las escuelas.
En ese mismo año, la Ley 419 volvió a tener vigencia y se reorganizó la Comisión de Bibliotecas Populares. Este organismo no sólo se dedicaría a fomentarlas sino que también las controlaría y establecería un mínimo de pautas de funcionamiento a la vez que actuaría como referente para resolver problemas de organización y financiamiento en los diferentes casos, como sugiere Tripaldi (1998).
La restitución de la Ley de Protección de Bibliotecas Populares trajo como consecuencia la posibilidad de incluir dentro de su régimen a las bibliotecas obreras, pertenecientes a las diferentes ideologías. En consecuencia, el giro más importante lo constituyó su incorporación a un régimen nacional por el que obtendrían beneficios, como lo eran los subsidios estatales. No obstante, como contrapartida, esto significaba incorporar mecanismos de control que muchas de estas asociaciones obreras no estaban dispuestas a tolerar. Por sus propuestas ofensivas contra el gobierno, que a la vez generaban desconfianza en éste, la Comisión Protectora de Bibliotecas misma comenzó a recelar de todas aquellas pertenecientes a las diferentes asociaciones, gremios, credos o ideologías que desarrollaran cualquier tipo de proselitismo, especialmente en la década del Centenario. El ejemplo más notable fue el de los anarquistas.
Este conflicto perduró durante un largo período, como puede notarse en el Reglamento de la Comisión:
En la constitución de las Comisiones Populares, como en todo lo que se refiere a las Bibliotecas, es necesario proceder prescindiendo de ideas o intereses políticos o religiosos, para mantener la institución neutral y abierta para todos (Comisión de Bibliotecas Populares, 1934: 13).
Las ideas preponderantes de la Comisión y sus miembros durante los primeros cincuenta años del siglo XX pueden resumirse en las siguientes:
1. La biblioteca popular debe cumplir el rol de agente educador y de nacionalización.
2. La biblioteca popular es un complemento de la escuela.
3. Las bibliotecas obreras son instrumentos de lucha partidaria.
El segundo momento importante de creación institucional se dio en 1986, al rediseñarse la Comisión de Bibliotecas Populares con la sanción de la Ley 23.351. Nuevamente, el gobierno incluyó cambios en el sistema de estas bibliotecas en un proyecto que contenía también algunas reformas en la universidad y la educación, con miras a disminuir el porcentaje de analfabetismo arrojado en el censo de 1980.
En los dos primeros artículos de esta última ley, se entiende como populares a aquellas “bibliotecas establecidas o que en adelante se establezcan, por asociaciones de particulares, en el territorio de la Nación y que presten servicios de carácter público” (Ley 23.351, art. 1, 1986) cuyo objetivo principal es constituirse:
En instituciones activas con amplitud y pluralismo ideológico y tendrán como misión canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y la recreación y promover la creación y difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo (Ley 23.351, art. 2, 1986).
Esto implica que, todavía un siglo más tarde, las bibliotecas populares cumplen la función de civilizar, instruir y socializar a los diferentes usuarios que forman parte de la comunidad a la que sirven, tanto como lo fue en los albores de la democracia de la nación.
A lo largo de esta breve reseña histórica, hemos encontrado algunos indicios sobre la noción de biblioteca popular –opuesta a las bibliotecas privadas– cuyo término queremos precisar como:
Equivalente a la expresión inglesa "public library", [término con el cual] se designa en los países anglosajones, donde el servicio de lectura colectiva ha alcanzado un desarrollo y perfección notables, a la biblioteca libre y gratuita para todos los habitantes de una comuna, distrito o región, cuyo presupuesto se cubre total o parcialmente con impuestos públicos (Buonocore, 1976: 85, destacado propio).
Como bien puede notarse en esta definición, las bibliotecas populares o públicas han sido pensadas en los diferentes momentos de la historia como ámbitos de democracia, libre pensamiento, progreso, educación y socialización.
En relación a esta noción, no debemos dejar de lado la definición que propone la UNESCO de biblioteca pública como:
El centro local de información, brindando toda clase de conocimiento e información disponible a sus usuarios. Deben fungir como centros de actividades comunitarias culturales, complemento de la educación formal, como centros de apoyo al desarrollo intelectual de los/las ciudadanos/as y deben, asimismo, tener en cuenta el desarrollo de hábitos de lectura en la población desde niños y tener también una acción dirigida a formar en el usuario/a las destrezas y habilidades en el uso de la información (UNESCO: 1994).
Esto significa que las bibliotecas públicas son ámbitos de formación ciudadana, tanto en referencia a las competencias intelectuales como sociales. Así, en dicho manifiesto se las piensa bajo la égida de la democracia, por lo que volvemos a encontrar las ideas de civilización, educación, progreso y socialización de los integrantes de las comunidades que las conforman, como se lee en las siguientes declaraciones:
La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse mediante la capacidad de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información.
La biblioteca pública, puerto local hacia el conocimiento, constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales” (UNESCO: 1994).
En ese mismo año, la Ley 419 volvió a tener vigencia y se reorganizó la Comisión de Bibliotecas Populares. Este organismo no sólo se dedicaría a fomentarlas sino que también las controlaría y establecería un mínimo de pautas de funcionamiento a la vez que actuaría como referente para resolver problemas de organización y financiamiento en los diferentes casos, como sugiere Tripaldi (1998).
La restitución de la Ley de Protección de Bibliotecas Populares trajo como consecuencia la posibilidad de incluir dentro de su régimen a las bibliotecas obreras, pertenecientes a las diferentes ideologías. En consecuencia, el giro más importante lo constituyó su incorporación a un régimen nacional por el que obtendrían beneficios, como lo eran los subsidios estatales. No obstante, como contrapartida, esto significaba incorporar mecanismos de control que muchas de estas asociaciones obreras no estaban dispuestas a tolerar. Por sus propuestas ofensivas contra el gobierno, que a la vez generaban desconfianza en éste, la Comisión Protectora de Bibliotecas misma comenzó a recelar de todas aquellas pertenecientes a las diferentes asociaciones, gremios, credos o ideologías que desarrollaran cualquier tipo de proselitismo, especialmente en la década del Centenario. El ejemplo más notable fue el de los anarquistas.
Este conflicto perduró durante un largo período, como puede notarse en el Reglamento de la Comisión:
En la constitución de las Comisiones Populares, como en todo lo que se refiere a las Bibliotecas, es necesario proceder prescindiendo de ideas o intereses políticos o religiosos, para mantener la institución neutral y abierta para todos (Comisión de Bibliotecas Populares, 1934: 13).
Las ideas preponderantes de la Comisión y sus miembros durante los primeros cincuenta años del siglo XX pueden resumirse en las siguientes:
1. La biblioteca popular debe cumplir el rol de agente educador y de nacionalización.
2. La biblioteca popular es un complemento de la escuela.
3. Las bibliotecas obreras son instrumentos de lucha partidaria.
El segundo momento importante de creación institucional se dio en 1986, al rediseñarse la Comisión de Bibliotecas Populares con la sanción de la Ley 23.351. Nuevamente, el gobierno incluyó cambios en el sistema de estas bibliotecas en un proyecto que contenía también algunas reformas en la universidad y la educación, con miras a disminuir el porcentaje de analfabetismo arrojado en el censo de 1980.
En los dos primeros artículos de esta última ley, se entiende como populares a aquellas “bibliotecas establecidas o que en adelante se establezcan, por asociaciones de particulares, en el territorio de la Nación y que presten servicios de carácter público” (Ley 23.351, art. 1, 1986) cuyo objetivo principal es constituirse:
En instituciones activas con amplitud y pluralismo ideológico y tendrán como misión canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y la recreación y promover la creación y difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo (Ley 23.351, art. 2, 1986).
Esto implica que, todavía un siglo más tarde, las bibliotecas populares cumplen la función de civilizar, instruir y socializar a los diferentes usuarios que forman parte de la comunidad a la que sirven, tanto como lo fue en los albores de la democracia de la nación.
A lo largo de esta breve reseña histórica, hemos encontrado algunos indicios sobre la noción de biblioteca popular –opuesta a las bibliotecas privadas– cuyo término queremos precisar como:
Equivalente a la expresión inglesa "public library", [término con el cual] se designa en los países anglosajones, donde el servicio de lectura colectiva ha alcanzado un desarrollo y perfección notables, a la biblioteca libre y gratuita para todos los habitantes de una comuna, distrito o región, cuyo presupuesto se cubre total o parcialmente con impuestos públicos (Buonocore, 1976: 85, destacado propio).
Como bien puede notarse en esta definición, las bibliotecas populares o públicas han sido pensadas en los diferentes momentos de la historia como ámbitos de democracia, libre pensamiento, progreso, educación y socialización.
En relación a esta noción, no debemos dejar de lado la definición que propone la UNESCO de biblioteca pública como:
El centro local de información, brindando toda clase de conocimiento e información disponible a sus usuarios. Deben fungir como centros de actividades comunitarias culturales, complemento de la educación formal, como centros de apoyo al desarrollo intelectual de los/las ciudadanos/as y deben, asimismo, tener en cuenta el desarrollo de hábitos de lectura en la población desde niños y tener también una acción dirigida a formar en el usuario/a las destrezas y habilidades en el uso de la información (UNESCO: 1994).
Esto significa que las bibliotecas públicas son ámbitos de formación ciudadana, tanto en referencia a las competencias intelectuales como sociales. Así, en dicho manifiesto se las piensa bajo la égida de la democracia, por lo que volvemos a encontrar las ideas de civilización, educación, progreso y socialización de los integrantes de las comunidades que las conforman, como se lee en las siguientes declaraciones:
La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse mediante la capacidad de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información.
La biblioteca pública, puerto local hacia el conocimiento, constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales” (UNESCO: 1994).
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